El silencio administrativo se produce cuando, en un procedimiento, transcurre el plazo para que se notifique una resolución expresa por parte de la Administración. En ese caso, el interesado podrá entender su pretensión estimada o desestimada, dependiendo de cada solicitud.
Es decir, el silencio administrativo podrá ser positivo o negativo. Esta figura legal se regula en los artículos 24 y 25 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.